La Lista Clinton fue creada con el fin de incorporar en ella a las personas o empresas que hayan tenido contacto o negocios con los capos del narcotráfico. Fue diseñada en el año de 1995 bajo el mandato del presidente Clinto y de ahí procede su nombre.
Aun cuando las salas de chat no están concebidas como entornos que desplieguen tecnología de punta para su funcionamiento, los reguladores bancarios han orientado parte de sus investigaciones a estos espacios, teniendo el interés de abandonar su uso, alegando que son lugares de intercambio de información delicada sobre sus clientes y compañeros.
La inmediatez, el anonimato y el escaso o nulo rastreo de las transacciones en moneda electrónica, juegan un doble papel: para muchos, es sinónimo de libertad, para otros, puede facilitar el blanqueo de fondos provenientes de delitos.
Con la extradición de Ericson Cardona Vargas a los Estados Unidos, la red criminal denominada “la oficina de Envigado” ha reestructurado su cúpula, y, toda vez que su actividad ilegal no ha cesado, la justicia norteamericana ha virado su punto de mira hacia los nuevos mandatarios de la organización delictiva.
Para ello, el Departamento del Tesoro ha hecho uso de su “lista Clinton”, un directorio de personas y empresas vinculadas con fondos provenientes del narcotráfico.
Entrar en la temida lista Clinton supone afrontar gravosas sanciones comerciales para los particulares y empresas incluidos en la lista. A través de ella, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señala las personas naturales y jurídicas que considera que participan o prestan servicios en redes de delincuencia organizada, particularmente narcotráfico.
Colombia ha visto cómo las redes de crimen organizado causan profundos perjuicios a su ciudadanía y proyectan una imagen negativa del país.
Los distintos gobiernos de la nación han firmado convenios internacionales para procurar la persecución de numerosos delitos. Siguiendo la famosa máxima de “follow the money”, la legislación también procura perseguir los activos derivados de actividades delictivas, impidiendo así su “lavado” o “blanqueo” y dificultando la financiación del terrorismo.
En este contexto, el pasado 19 de febrero del 2014, la Superintendencia de Sociedades, dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aprobó la “Circular externa 304-000001” que impone una serie de obligaciones a sociedades que ya están bajo vigilancia.
Recientemente 12 colombianos fueron incluidos en la lista Clinton, un compilado de personas, empresas e instituciones vetadas por el gobierno norteamericano, por estar vinculadas a transacciones correspondientes al tráfico de drogas, así como al lavado de activos.
Las pruebas de la defensa de los siete taxistas implicados en el homicidio del agente de la DEA pretenden la judicialización ante la justicia colombiana y no la norteamericana, argumentando que lo ocurrido fue en territorio nacional. Sin embargo la Suprema Corte decidió denegar dichos argumentos.
Los últimos cuatro años el gobierno de México ha desatado una fuerte lucha con el narcotráfico, es por eso que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló en una conferencia en Washington, que se emitirá una lista de personas y empresas que tengan relación con el narcotráfico en México.
La Lista Clinton fue creada en el año de 1996 como medio de presión ante la adquisición de dineros ilícitos, en ella se incluyó a todas las empresas y personas vinculadas con el lucro de dinero proveniente del tráfico de drogas, aplicando sanciones con suma dureza que podían ir desde altas sanciones hasta un bloqueo comercial definitivo.