Colombia ha visto cómo las redes de crimen organizado causan profundos perjuicios a su ciudadanía y proyectan una imagen negativa del país.
Los distintos gobiernos de la nación han firmado convenios internacionales para procurar la persecución de numerosos delitos. Siguiendo la famosa máxima de “follow the money”, la legislación también procura perseguir los activos derivados de actividades delictivas, impidiendo así su “lavado” o “blanqueo” y dificultando la financiación del terrorismo.
En este contexto, el pasado 19 de febrero del 2014, la Superintendencia de Sociedades, dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aprobó la “Circular externa 304-000001” que impone una serie de obligaciones a sociedades que ya están bajo vigilancia.
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